Archivo: En esta foto de 17 de febrero de 2017, un manifestante agarra una pancarta que dice “ICE Hands Off DACA Families Free Daniel” (“ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos] No Toque Las Familias DACA [Consideración de Acción Diferida], Libere Daniel”), durante una demonstración en frente del juzgado federal en Seattle. Un juez de inmigración dice que un hombre mexicano que fue detenido a pesar de su participación en un programa diseñado para proteger los niños traídos ilegalmente a los Estados Unidos puede ser liberado de la detención en espera del proceso de deportación. Juez John Odell tomó la decisión el martes, 28 de marzo de 2017. Abogados para el hombre de 24 años, Daniel Ramirez Medina, dijeron que se esperan su liberación el miércoles, 29 de marzo (AP Foto/Ted S. Warren, archivo).
El gimnasio de la parroquia católica St. Charles Borromeo estaba lleno de actividad.
Niños se reían y esquivaban sus padres mientras corrían entre las mesas, donde al menos tres generaciones de familias latinas estaban comiendo y socializando después de la misa semanal en español.
Afuera, hombres contaban historias mientas voltearon tortillas en la parilla.
En la cafetería, había un silencio inquietante.
Allí, en mesas en la sala, se sentaban de dos en dos abogados y interpretes esperando para ayudar a familias jóvenes y viejas a preparar para un evento que nadie quiere, pero todos teman: la deportación.
Desde la elección de Presidente Donald Trump, sus órdenes ejecutivas obstruyendo ciertos inmigrantes y refugiados, su discurso sobre la pared a lo largo de la frontera con México, y las redadas recientes de inmigración separando inmigrantes indocumentados de sus hijos, el temor ha crecido en comunidades latinas.
Una joven pareja se sentaron en Mesa 15 en frente de una abogada, Sarah Pleban, quien especializa en ley de tutela. La madre, con pelo largo y oscuro, agarra su hija pequeña, cuyos lazos de flores rosadas combina con el color del globo que ella agarra como si fuera su posesión más importante. El padre es guapo y de rasgos duros con manos que trabajan para vivir. Ellos podrían venir del reparto para una pareja en una telenovela mexicana en Univisión o Telemundo.
“Si la mala cosa ocurre,” Pleban dice, esperando para su intérprete a repetir la frase en español, “Si la policía le detiene a usted, tiene que decir: ‘Quiero un abogado,’ y tiene que decirlo en ingles.”
Primero el marido, entonces la esposa, practican diciendo la frase.
“Quiero un abogado.” (“I want an attorney.”)
Pleban es una de más de un docena de abogados en la región de St. Louis ofreciendo sus servicios como voluntarios para ayudar a los inmigrantes indocumentados sobre toda la región a firmar papeleo de mandato (power-of-attorney). En el caso de que los padres están separados de sus hijos, un amigo o pariente tiene el derecho legal para cuidar a sus hijos – muchos de que son ciudadanos estadounidenses – hasta que puedan ser reunidos. Los seminarios fueron empezados por asistencia jurídica católica, MICA (Migrant and Immigrant Community Action Project, Proyecto de Acción de la Comunidad Para Migrantes e Inmigrantes), y Missouri Immigrant and Refugee Advocates (Defensores de Inmigrantes y Refugiados en Missouri) como resultado directo de la posición más agresiva tomada por funcionarios de inmigración desde la elección de Trump. En algunos casos, la administración ha elegido como objetivo inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes penales y estaban trabajando y pagando impuestos y esperando el día cuando el Congreso se arreglaría el sistema roto y les darían un camino a la ciudadanía.
Algunas de las familias temiendo deportación me permitieron a sentarme con ellos mientras recibieron consejo legal sobre protegiendo sus hijos y sus bienes, con tal de que no usé sus nombres.
Una madre no puede parar de llorar.
Ella toque sus ojos con un pañuelo de papel entre respuestas breves de “sí” con inclinaciones de la cabeza para comunicar que ella entiende.
“I want an attorney,” ella dice en ingles. (“I want a laywer”).
Ella y su marido tiene cuatro hijos. Tres son ciudadanos estadounidenses. El mayor, 18, es discapacitado mentalmente. Ellos viven en Warren County, tienen una casa móvil y coches, todo pagado. Tienen una amiga con ellos que ofreció sus servicios como voluntario en la escuela de su hija mayor. Ella ha ofrecido ser la guardiana temporánea de tres de los hijos, y promete a llevarlos a México si la pareja fuera deportada.
“Sé que es espantoso para usted,” Pleban dice. “Esperamos que nunca ocurra. Lo siento mucho que usted tiene miedo.”
La amiga de la pareja la ha conocido para la mayoría de su tiempo en los Estados Unidos. Vino de México hace 12 años. Trabajan duro, ella dice, cuidan a sus hijos, contribuyen a la comunidad.
“Son buena gente,” ella dice.
Ella puso su brazo alrededor de su amiga, la madre inmigrante indocumentada, y le promete que si la “mala cosa” ocurra, cuidará a sus hijos, recogerá el dinero, y las llevará a México.
Ninguna de las familias quieren eso a ocurrir.
Quieren quedarse aquí, en los Estados Unidos, el país que les ofreció el sueño que podían venir aquí y mejorar su vida. Ahora están firmando documentos, esperando que el gobierno no les quite a sus hijos.
“Espero que nunca lo necesiten,” Pleban dice mientras desliza el papeleo legal en la mesa.
La pareja se levanta y siguen otro abogado a una máquina de copiar.
Dos inmigrantes más se sientan, sin saber lo que está delante.
El gimnasio de la parroquia católica St. Charles Borromeo estaba lleno de actividad.
Niños se reían y esquivaban sus padres mientras corrían entre las mesas, donde al menos tres generaciones de familias latinas estaban comiendo y socializando después de la misa semanal en español.
Afuera, hombres contaban historias mientas voltearon tortillas en la parilla.
En la cafetería, había un silencio inquietante.
Allí, en mesas en la sala, se sentaban de dos en dos abogados y interpretes esperando para ayudar a familias jóvenes y viejas a preparar para un evento que nadie quiere, pero todos teman: la deportación.
Desde la elección de Presidente Donald Trump, sus órdenes ejecutivas obstruyendo ciertos inmigrantes y refugiados, su discurso sobre la pared a lo largo de la frontera con México, y las redadas recientes de inmigración separando inmigrantes indocumentados de sus hijos, el temor ha crecido en comunidades latinas.
Una joven pareja se sentaron en Mesa 15 en frente de una abogada, Sarah Pleban, quien especializa en ley de tutela. La madre, con pelo largo y oscuro, agarra su hija pequeña, cuyos lazos de flores rosadas combina con el color del globo que ella agarra como si fuera su posesión más importante. El padre es guapo y de rasgos duros con manos que trabajan para vivir. Ellos podrían venir del reparto para una pareja en una telenovela mexicana en Univisión o Telemundo.
“Si la mala cosa ocurre,” Pleban dice, esperando para su intérprete a repetir la frase en español, “Si la policía le detiene a usted, tiene que decir: ‘Quiero un abogado,’ y tiene que decirlo en ingles.”
Primero el marido, entonces la esposa, practican diciendo la frase.
“Quiero un abogado.” (“I want an attorney.”)
Pleban es una de más de un docena de abogados en la región de St. Louis ofreciendo sus servicios como voluntarios para ayudar a los inmigrantes indocumentados sobre toda la región a firmar papeleo de mandato (power-of-attorney). En el caso de que los padres están separados de sus hijos, un amigo o pariente tiene el derecho legal para cuidar a sus hijos – muchos de que son ciudadanos estadounidenses – hasta que puedan ser reunidos. Los seminarios fueron empezados por asistencia jurídica católica, MICA (Migrant and Immigrant Community Action Project, Proyecto de Acción de la Comunidad Para Migrantes e Inmigrantes), y Missouri Immigrant and Refugee Advocates (Defensores de Inmigrantes y Refugiados en Missouri) como resultado directo de la posición más agresiva tomada por funcionarios de inmigración desde la elección de Trump. En algunos casos, la administración ha elegido como objetivo inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes penales y estaban trabajando y pagando impuestos y esperando el día cuando el Congreso se arreglaría el sistema roto y les darían un camino a la ciudadanía.
Algunas de las familias temiendo deportación me permitieron a sentarme con ellos mientras recibieron consejo legal sobre protegiendo sus hijos y sus bienes, con tal de que no usé sus nombres.
Una madre no puede parar de llorar.
Ella toque sus ojos con un pañuelo de papel entre respuestas breves de “sí” con inclinaciones de la cabeza para comunicar que ella entiende.
“I want an attorney,” ella dice en ingles. (“I want a laywer”).
Ella y su marido tiene cuatro hijos. Tres son ciudadanos estadounidenses. El mayor, 18, es discapacitado mentalmente. Ellos viven en Warren County, tienen una casa móvil y coches, todo pagado. Tienen una amiga con ellos que ofreció sus servicios como voluntario en la escuela de su hija mayor. Ella ha ofrecido ser la guardiana temporánea de tres de los hijos, y promete a llevarlos a México si la pareja fuera deportada.
“Sé que es espantoso para usted,” Pleban dice. “Esperamos que nunca ocurra. Lo siento mucho que usted tiene miedo.”
La amiga de la pareja la ha conocido para la mayoría de su tiempo en los Estados Unidos. Vino de México hace 12 años. Trabajan duro, ella dice, cuidan a sus hijos, contribuyen a la comunidad.
“Son buena gente,” ella dice.
Ella puso su brazo alrededor de su amiga, la madre inmigrante indocumentada, y le promete que si la “mala cosa” ocurra, cuidará a sus hijos, recogerá el dinero, y las llevará a México.
Ninguna de las familias quieren eso a ocurrir.
Quieren quedarse aquí, en los Estados Unidos, el país que les ofreció el sueño que podían venir aquí y mejorar su vida. Ahora están firmando documentos, esperando que el gobierno no les quite a sus hijos.
“Espero que nunca lo necesiten,” Pleban dice mientras desliza el papeleo legal en la mesa.
La pareja se levanta y siguen otro abogado a una máquina de copiar.
Dos inmigrantes más se sientan, sin saber lo que está delante.
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