San Juan, Puerto Rico – 1 de mayo de 2017, 3:25 p.m. ET
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Gente lleva una bandera puertorriqueña grande mientras protestan medidas inminentes de austeridad entre una crisis económica y exigen una auditoría de la deuda de la isla para identificar los responsables, en San Juan, Puerto Rico, el lunes, 1 de mayo, 2017. Puerto Rico está preparando para reducir beneficios para los empleados públicos, aumentar ingresos fiscales, subir precios de agua, y privatizar operaciones del gobierno, entres otras medidas.
Miles de manifestantes bloquearon calles y marcharon en la capital de Puerto Rico este lunes para expresar su ira con la crisis económica que ha durado una década y medidas inminentes de austeridad.
Los manifestantes de May Day denunciaron los lideres del territorio, culparon la Junta Federal de Control Fiscal para sus problemas económicas, y exigieron una auditoría para identificar los responsables de crear una carga de deuda pública de 70 billones de dólares.
“Tengo que usar cupones, y cosas son malas,” dice Blanca Catala, quien tiene 55 años. La despidieron hace nueve meses de su empleo en una envasadora. “Me daba vergüenza tener que empezar a vender agua en la calle.”
La demonstración empezó pacíficamente, pero hacia el final la policía lanzaron gas lacrimógeno y bombas de humo y usaron spray de defensa contra un grupo pequeño de manifestantes que rompieron varias ventanas de un banco usando un tubo y un monopatín. Algunos quemaron banderas estadounidenses.
“¡Ricky está vendiendo la isla!” manifestantes gritaron sobre Gobernador Ricardo Rossello, cuya administración se espera que anuncie pronto si haya alcanzado un acuerdo con titulares de bonos para reestructurar una porción de su deuda o aceptar un proceso como la bancarrota.
Los manifestantes afectaron servicios del hospital más grande en Puerto Rico, paralizando el sistema de los autobuses, y forzaron muchas empresas a cerrar. Manifestantes también bloquearon brevemente el tráfico cerca el aeropuerto internacional, provocando algunos viajeros a andar a lo largo de la carretera con sus maletas.
Juanita Morales Rosa, una maestra jubilada de 65 años, dijo que depende de un sistema público de pensiones que se espera que este año se quede sin dinero y que tiene un déficit de más de 40 billones de dólares.
“¿Cómo podemos encontrar empleo a los 65 años?” ella preguntó. “No hay empleo.”
El desempleo en esta isla de 3.4 millones de personas ha rondado alrededor el 12%, y casi la mitad de un millón de puertorriqueños se ha mudaron a los Estados Unidos durante la década pasada, muchos en busca de empleo y oportunidad económica.
Puerto Rico está luchando para vencer una recesión causada en parte por las administraciones anteriores que para décadas obtuvieron prestamos de billones de dólares para cubrir déficits del presupuesto.
En 2015, el gobernador de la isla anunció que la deuda era impagable, y desde entonces el territorio ha acumulado impagos de millones de dólares con bonos emitidos por el gobierno. Esto llevó a muchos pleitos de los acreedores.
El año pasado el Congreso estadounidense aprobó un rescate financiero que llevó a la creación de una junta federal en cargo de supervisar las finanzas de Puerto Rico. En semanas recientes, la junta y Rossello han aprobado medidas de austeridad con el objetivo de reducir los costos.
Puerto Rico está preparando para reducir beneficios para los empleados públicos, aumentar ingresos fiscales, subir precios de agua, y privatizar operaciones del gobierno, entres otras medidas.
Las medidas han enojado mucha gente que dicen que la clase trabajadora ha sido afectado lo más, y las manifestaciones de lunes empezaron horas antes de una fecha límite de la medianoche de la expiración de un mecanismo que ha protegido al gobierno de pleitos de acreedores.
Negociaciones sobre reestructurando parte de la deuda están continuando, dijo Elias Sanchez, el representante del gobierno en la junta.
“Estamos comprometidos y trabajando en un esfuerzo genuino para alcanzar un acuerdo con titulares de bonos, pero no estamos rechazando otras medidas,” Sanchez dijo.
El sábado el gobierno ofreció a pagar 50 centavos de dólar a titulares de la obligación general y bonos de impuestos apoyados por la constitución de Puerto Rico. Los titulares de bono desestimaron la oferta.
Puerto Rico recibió un respiro breve en la forma de 295 millones de dólares para aliviar su carga de Medicaid como parte de un proyecto de ley de gasto federal de más de un trillón de dólares aprobado por el congreso estadounidense el domingo. Los demócratas habían buscando 500 millones de dólares, pero obtuvieron más que los republicanos ofrecieron inicialmente.